CNUCC
Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción
Presidente: Javier Gil Rodríguez
Mesa: Nicole Unterberger Flores, Andrea Alonso Orduña, Renata Paulina Rangel Morales, José Eduardo García Garduño y Natalie Quintin Solís
Tópico Único) Estrategias para regular la transparencia financiera y control electoral en América Latina con énfasis en el flujo de recursos económicos de origen ilícito en la República Bolivariana de Venezuela.
Antecedentes y Facultades
La Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción (CNUCC) entró oficialmente en vigor el 14 de diciembre del 2005, orientada a encontrar las mejores medidas de prevención y aplicaciones de la ley enfocadas a la penalización de comportamientos deshonestos. Actualmente, cuenta con 191 estados miembro alrededor del mundo que colaboran activamente, entre ellos, se encuentran sus sedes más importantes en Nueva York, en los Estados Unidos Americanos y Viena, en la República de Austria. A pesar de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) actúa como custodio de la convención y secretaría de su conferencia, la CNUCC es la única herramienta universal jurídicamente vinculante contra la corrupción. Además, se le atribuye la rendición de cuentas y supervisión de los procesos de restitución de activos, a fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información.
Encaminada hacia la contención de irregularidades políticas inmorales, la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción está facultada para:
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Establecer órganos internacionales anticorrupción interesados en códigos de ética y revisión de procesos administrativos complejos;
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Instar movimientos financieros regulados mediante límites o prohibiciones a los candidatos correspondientes, con énfasis en la previsión de lavado de dinero, donantes sospechosos o sobornos;
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Fomentar la asistencia judicial recíproca en los estados para consolidar la transparencia del sector público y privado;
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Imponer sanciones penales, civiles y administrativas que fortalezcan el funcionamiento gubernamental y moderación del marco legal;
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Facilitar la recuperación de bienes y recursos a través de mecanismos internacionales de investigación;
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Evaluar por medio de análisis técnicos, informes y revisiones los cumplimientos necesarios conectados al compromiso internacional contra la corrupción.