CJCPC
Comisión en Justicia y Prevención del Crimen
Presidenta: Valentina Ramírez Galindo
Mesa: Emiliano Galdamez Bermúdez, María Fernanda Lugo Martínez, Reggina Marie Orta González y Valetina Hernández Camacho
Tópico A) Estrategias para combatir la trata de personas mediante plataformas digitales en América Latina, con énfasis en la captación de menores.
Tópico B) Estrategias para fortalecer programas de justicia restaurativa juvenil en América Latina, con énfasis en contextos de violencia comunitaria y debilidad institucional en Honduras y El Salvador.
Antecedentes y Facultades
En 1992 fue establecida la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), con sede en Viena, Austria. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal está integrada por 40 Estados Miembros; entre los actuales destacan Argentina, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, Japón, México, Pakistán y República de Corea, y actúa como el principal órgano de formulación de políticas del sistema de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. Su mandato incluye proporcionar orientación política, coordinar actividades en esta materia y preparar los Congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal.
Como foro central de cooperación internacional en justicia penal y prevención del delito, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal ejerce las siguientes funciones:
• Promover la cooperación internacional entre los Estados Miembros mediante el diseño de políticas públicas y marcos normativos que fortalezcan la prevención del delito y la justicia penal;
• Evaluar y dar seguimiento a las iniciativas globales en materia de justicia penal, emitiendo lineamientos y recomendaciones generales para mejorar la coordinación entre Estados;
• Establecer mecanismos de trabajo especializados, como comités técnicos o grupos de expertos, para analizar problemáticas específicas y formular recomendaciones prácticas;
• Facilitar espacios de diálogo inclusivo que integren a responsables de políticas públicas, profesionales del sector, incluyendo a académicos y representantes de la sociedad civil en la construcción de soluciones.